Londres rompe las reglas del juego y obliga a difundir gratis los
estudios pagados con dinero estatal. La medida beneficiará desde 2014 a
lectores de todo el mundo.
Un científico experimenta en un laboratorio. / R. MCVAY (REUTERS).
Walter Oppenheimer / Emilio de Benito - Londres
Saber es poder y en ciencia ese conocimiento solo se demuestra de una
manera: publicando. Pero este proceso introduce un factor ajeno a la
investigación en sí y quien la financia: las editoras de revistas. Por
ejemplo, si un investigador descubre una molécula, lo primero que hará
será enviar el trabajo a una publicación científica. Solo entonces
dejará que sus colegas sepan cómo ha hecho sus trabajos y sus
resultados. Y estos tendrán que pagar, en muchos casos, una cuota de
suscripción a la revista correspondiente si quieren leer el artículo. La
editora correspondiente no solo se encarga de llevar al papel el
trabajo. También aporta un valor añadido: la revisión por otros
científicos independientes del resultado. Es lo que da garantía y lo que
hace que unas publicaciones sean más prestigiosas que otras. Y algo por
lo que también cobran.
Pero Internet ha cambiado esto. Igual que con la prensa generalista,
hay webs, de prestigio creciente, que ya permiten el acceso abierto a
todo lo que publican. Y se plantea un caso que hasta hace poco no se
discutía: ¿por qué una editorial se beneficia de un trabajo que ha
contado con financiación pública? Esta pregunta ha animado la
controversia, y el movimiento por un libre acceso gana adeptos.
El mayor empuje lo ha dado el Gobierno británico, que acaba de decidir
que, dentro de dos años, todos los estudios científicos publicados que
hayan sido subvencionados con dinero público deberán ser de acceso
gratis para todo el público, sean de donde sean y se dediquen a lo que
se dediquen. La decisión, que sigue casi al pie de la letra las
recomendaciones elevadas en junio por un grupo de expertos encabezados
por Janet Finch, es consecuencia de la creciente oposición en medios
científicos al negocio de algunas publicaciones con sus trabajos.
Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. Especialmente por el
hecho de que el Gobierno se ha decantado por el llamado sistema oro,
por el que los autores publican de forma abierta e inmediata en Internet
todos los artículos cuando salen en la revista. Algunos científicos se
inclinan por el llamado sistema verde, por el que los autores publican
sus trabajos en una revista científica y pasado un tiempo archivan una
versión en la institución para la que trabajan para su uso público.
Con el sistema por el que se decanta el Gobierno británico, sin
embargo, no se cierra completamente qué opción se va a elegir. En los
próximos dos años, universidades y editores negociarán acerca del precio
a pagar por la publicación en la revista y de otros tipos de
suscripciones que “deberían tener en cuenta las implicaciones
financieras del cambio a publicación en abierto y revistas híbridas, de
la extensión de las licencias y de los cambios resultantes en los
ingresos que reciben los editores”.
Es decir, las universidades seguirán pagando a las revistas
especializadas, pero a diferencia de lo que ahora ocurre, las revistas
no podrán obligar al público a pagar por acceder a su lectura. En la
actualidad, las revistas que tienen más impacto académico son
precisamente aquellas que no tienen una política de acceso abierto a su
contenido.
El Gobierno estima que a la larga las universidades ahorrarán dinero
con esta fórmula, aunque eso puede depender de los acuerdos que alcancen
con las revistas. En la actualidad, las universidades destinan unos 255
millones de euros al año a pagar por la publicación de artículos de sus
científicos. Pero ha causado decepción que el Gobierno decidiera que
los 64 millones anuales que va a costar el periodo de transición tengan
que pagarse con el dinero público ya asignado a la ciencia. Este aspecto
—que se paga por publicar— ha sido bien recibido por editores como el
de Nature. Un portavoz señaló a EL PAÍS que “da la bienvenida” al
proceso, aunque urgió a los organismos oficiales británicos a que
aclaren “cómo van a repartir los fondos” para ello.
“Suprimir los actuales pagos para acceder a la lectura de los artículos
de investigaciones financiados con dinero público va a tener enormes
efectos económicos y sociales”, declaró el ministro británico de
Universidades y Ciencia, David Willetts. “Va a permitir a los académicos
y al mundo de la empresa desarrollar y comercializar sus
investigaciones de manera más fácil y pregona una nueva era de
descubrimientos académicos”, añadió.
La paradoja es que mientras el resto del mundo podrá acceder gratis a
los trabajos científicos pagados por los contribuyentes británicos,
estos tendrán que seguir abonando por los publicados en otros países. En
opinión de Willetts, sin embargo, la iniciativa va a acelerar el debate
sobre el acceso gratuito a los trabajos científicos que ya hay en EE UU
y la UE. Además, algunos científicos creen que el problema actual de la
ciencia no es lo que cuesta la suscripción a una revista (209 euros al
año a Nature; 25,75 euros por un artículo en The Lancet), sino que para
publicar hay que pagar. Eso hasta en las revistas gratuitas, como PLOS,
que lidera el movimiento desde 2000. “Si se quiere mantener el rigor en
la selección, hay unos costes”, afirma María Gasset, vicepresidenta
adjunta del área científico-técnica del CSIC y editora de PLOS. Ella no
cobra por su trabajo en la revista, pero los autores deben aportar unos
1.300 euros para publicar, ya que hay que pagar a los maquetadores,
infógrafos, los programas... etcétera.
La idea del acceso abierto gana adeptos. Como destaca Alicia Fátima
Gómez, responsable de la biblioteca del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiológicas (CNIC), la UE lleva años promoviendo el
acceso abierto. España no está, al menos en teoría, al margen. La Ley de
Ciencia de 2011 recoge en su artículo 37 el fomento de la “difusión en
acceso abierto”. El modelo español es del tipo verde, dando un plazo a
las revistas tradicionales para que exploten la información antes de la
obligatoriedad de poner a disposición universal y gratis los artículos
en un repositorio de Internet. El problema, admite Gómez, es que ese
sistema “cuesta mucho”. Hay que crear las bases de datos de artículos y
hacerlas accesibles de una manera ordenada. El CNIC estudia crear una
con dos organizaciones afines, el Carlos III y el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Hay otro inconveniente. Como se explicaba al principio, para los
científicos lo importante es publicar en una revista de impacto. Y, de
momento, estas son, en general, las de pago. “Actualmente, es imposible
seguir todo lo que se escribe sobre un tema”, dice Gasset, y, en ese
caso, seguir las publicaciones punteras es una garantía. Aunque eso
también está cambiando. Precisamente hoy la revista BMC Medicine publica
un artículo en el que afirma que el impacto de las publicaciones de
pago y gratuitas se está igualando. Claro que BMC es de las últimas, así
que son datos a confirmar.
Fuente:
http://sociedad.elpais.com