Profesora titular del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética y Secretaria General de la Universidad de Salamanca, España.
En este momento en el que se ha convertido en un lugar común la necesidad de recuperar el auténtico espíritu democrático y hacer participar activamente a la ciudadanía, quisiera plantear una serie de preguntas controvertidas.
La primera: ¿aprecia el público realmente la oportunidad de participar y de deliberar en asuntos de política científico-tecnológica y se dan cuenta de que pueden afrontar responsabilidades que previamente estuvieron en manos de sus representantes? Actualmente existen canales de participación pública, tales como los grupos de discusión, los jurados de ciudadanos, las conferencias de consenso, los sondeos de deliberación, o los paneles de ciudadanos, que permiten que los ciudadanos tomen parte en las decisiones políticas. Sin embargo, también podemos señalar una serie de problemas relacionados con estos modelos participativos.
Imaginémonos por un momento que todos nos decidiésemos a participar, esto nos aproximaría al ideal de la democracia directa gracias a un modelo participativo completo, pero ¿sería viable? Si todos y cada uno de los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad participativa, el sistema entraría en colapso, puesto que no sería capaz de atender a todas las voces. Por otro lado, muchos de nosotros quizá no tengamos tiempo o no tengamos arraigados sentimientos de compromiso con nuestras comunidades, como para desear participar activamente. Podríamos pensar en obligar a los ciudadanos a que participen, al menos en alguna ocasión, pero en un sistema garantista de derechos, esto no es posible. Se ha sugerido que se podría hacer a través de incentivos, aunque esto viciaría desde el principio el proceso. De manera que parece inevitable recurrir nuevamente a la idea de la representación. Puede hacerse de manera imparcial, recurriendo a la muestra sociológica. Pero las muestras son tan pequeñas, dada la escala de los estados actuales, que se pierden las virtudes de la democracia genuina. Por otro lado, si los que participan son ciertos grupos formados por personas especialmente interesadas, tampoco se evitarán los problemas derivados de los prejuicios o los intereses partidistas, ya que si partimos de la sospecha de que otros agentes implicados, tales como los científicos, los tecnólogos o los empresarios, etc, pueden defender motivos espurios, otro tanto podría decirse también de estos grupos ciudadanos. No sería justo hacer recaer todo el peso de la sospecha únicamente sobre los grupos de expertos asesores. De manera que ninguno de los modelos está carente de problemas. Ahora bien, la aplicación de cualquiera de ellos mejora sustancialmente la situación, ya que al menos garantiza ciertos canales para favorecer el pluralismo participativo democrático.
Y la segunda pregunta, y aun a riesgo de ser tildada de elitista, quisiera plantear si todas las opiniones valen por igual, es decir, si las opiniones de los ciudadanos mejor informados y más objetivos valen lo mismo que la de aquellos que no se han tomado la molestia en informarse y reaccionan de manera puramente subjetiva o emotiva con respecto a la controversia de turno. Lupia y McCubbins (1998) señalaban que para que la gente normal tomase decisiones políticas bien razonadas y sabias, no necesitaban saber lo que saben los expertos, sino que lo que necesitan es tener la disposición de recibir información imparcial que puedan proporcionar los consejeros, los medios o las instituciones que faciliten su acceso a la búsqueda de información. Ahora bien, ¿es fácil hallar este tipo de fuente imparcial? ¿Qué tipo de conocimiento tienen que poseer los ciudadanos para participar en estos procesos? Evidentemente, es materialmente imposible que los ciudadanos estén en posesión de todo el conocimiento experto sobre la cuestión, por lo que podríamos contentarnos con que tengan información relevante, adecuada, que les permita tomar decisiones racionales. Ahora bien, ¿donde hallamos una fuente fidedigna de información relevante? ¿En los medios de comunicación?, ¿en los grupos ecologistas?, ¿en los empresarios?, ¿en los científicos?
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Fuente:
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (www.revistacts.net).
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