Por Claudio Pairoba
El lunes 18 de febrero comenzó en Nueva Jersey el más reciente de los juicios por el derrame de petróleo en el Golfo de México que mató a once personas e inundó con varios millones de barriles de petróleo las playas de varios estados norteamericanos. El derrame ocurrido en el 2010 tuvo como protagonista a la plataforma petrolera Deepwater Horizon, propiedad de la empresa Transocean y que había sido alquilada por la British Petroleum (BP) por un plazo de 12 años.
Abogados que participan de las negociaciones indicaron que existe una propuesta del gobierno central así como de los estados afectados por el cual BP debería pagar un total de 16.000 millones de dólares. Esa cifra se dividiría en 6.000 millones en multas, 9.000 millones en penalizaciones y 1000 millones por potenciales problemas derivados del accidente.
La propuesta constituye un avance. Es la primera vez que Luisiana participa en una oferta, la cual también contendría los pasos a seguir sobre cómo dividir el dinero entre los estados afectados y estipularía las sumas que la petrolera debería pagar como multas o penalidades.
Este último punto no es menor. BP busca pagar penalidades antes que multas, ya que las primeras pueden deducirse de impuestos.
La aceptación de la oferta implicaría algunas ventajas para las partes involucradas. En el caso de los estados demandantes, aceleraría el pago del dinero evitando pasar por juicios que se interrumpan por arreglos parciales. En el caso de BP, evitaría meses de mala publicidad durante los cuales se revivirían todos los detalles del desastre.
La situación legal es compleja y el arreglo en cuestión no tendría en cuenta daños económicos que podrían representar miles de millones más. El juez a cargo del caso, Carl Barbier ya detuvo un juicio en febrero del año pasado debido a un arreglo alcanzado entre BP y algunos individuos y negocios. Los que no aceptaron esos términos forman parte del grupo que comenzó el juicio el pasado lunes.
La situación ha llevado a BP a modificar el flujo de inversiones durante los últimos tres años con el fin de disponer de un fondo de U$S 42.000 millones para enfrentar las demandas. Hasta el momento la empresa ha pagado un total de U$S 24.000 millones en concepto de limpieza y compensaciones a individuos y negocios.
No solo el gigante petrolero está en problemas. Dos compañías que están involucradas en la problemática situación podrían enfrentar millonarias demandas.
Por una parte, la propietaria de la plataforma, Transocean, que le alquiló la estructura a BP. Por otra, Halliburton (la controvertida contratista post-invasión en Irak), la encargada de verter el cemento para los pilares del fatídico pozo.
Los estados afectados son cinco (Alabama, Florida, Luisiana, Misisipi y Texas) pero solo Alabama y Luisiana participan del juicio.
Fuente:
www.nytimes.com
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