La presentación, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de una investigación sobre el desarrollo y los actores del sector espacial en la Argentina fue una ocasión para debatir sobre su potencial, en el marco de la suspensión de proyectos satelitales como el de ARSAT.
Por Bruno Massare
Agencia TSS — ¿Qué trayectoria llevó a la Argentina a convertirse en uno de los ocho países del mundo que puede fabricar sus propios satélites de comunicaciones y tener al fabricante —por INVAP— más avanzado de América Latina en este sector? ¿Cuál debería ser el rol del Gobierno en el apoyo a esta industria? ¿La suspensión del ARSAT-3 obedeció a razones presupuestarias o geopolíticas? Alrededor de estas y otras preguntas se debatió durante la presentación del trabajo Al infinito y más allá. Una exploración sobre la economía espacial en argentina, de Andrés López, Paulo Pascuini y Adrián Ramos, investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que se realizó la semana pasada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
A partir del acceso a documentos y entrevistas con algunos de los principales referentes del sector espacial local, en las 60 páginas del trabajo se hace un racconto del desarrollo del sector espacial argentino hasta el presente, se identifican actores, fortalezas y debilidades del entramado local de instituciones y empresas, y se sugieren políticas públicas para el sector. La investigación fue presentada en el marco del Seminario Interuniversitario sobre Desarrollo Productivo Argentino (SIDPA), una iniciativa conjunta de la UBA, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Investigaciones para la Transformación.
El repaso histórico reconoce los esfuerzos realizados décadas atrás en el ámbito de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) y pone el foco en un encadenamiento clave: en la Argentina, el sector satelital es en gran medida “hijo” del proceso de acumulación de conocimientos y capacidades que se dio desde los años cincuenta en el área nuclear —del cual INVAP ha sido un protagonista fundamental— y que se consolidó a partir de la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), tras la interrupción del Proyecto Cóndor.
Sin embargo, la suspensión de proyectos como el ARSAT-3 —lo que implica incumplir la Ley de desarrollo de la industria satelital y afecta seriamente a INVAP y al resto de las empresas del sector—, la política de apertura de cielos para que operen satélites extranjeros en el país —que no conduce necesariamente a una baja de precios para los consumidores, según esta investigación—, la aparente falta de interés del Gobierno por impulsar a este sector y la histórica conducción bicéfala de la política satelital en la Argentina —hoy con las misiones científicas a cargo de la CONAE y las de telecomunicaciones a cargo de ARSAT— abren serios interrogantes sobre el futuro de una industria de alto valor agregado.
A partir del acceso a documentos y entrevistas con algunos de los principales referentes del sector espacial local, en las 60 páginas del trabajo se hace un racconto del desarrollo del sector espacial argentino hasta el presente, se identifican actores, fortalezas y debilidades del entramado local de instituciones y empresas, y se sugieren políticas públicas para el sector. La investigación fue presentada en el marco del Seminario Interuniversitario sobre Desarrollo Productivo Argentino (SIDPA), una iniciativa conjunta de la UBA, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de Investigaciones para la Transformación.
El repaso histórico reconoce los esfuerzos realizados décadas atrás en el ámbito de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) y pone el foco en un encadenamiento clave: en la Argentina, el sector satelital es en gran medida “hijo” del proceso de acumulación de conocimientos y capacidades que se dio desde los años cincuenta en el área nuclear —del cual INVAP ha sido un protagonista fundamental— y que se consolidó a partir de la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), tras la interrupción del Proyecto Cóndor.
Sin embargo, la suspensión de proyectos como el ARSAT-3 —lo que implica incumplir la Ley de desarrollo de la industria satelital y afecta seriamente a INVAP y al resto de las empresas del sector—, la política de apertura de cielos para que operen satélites extranjeros en el país —que no conduce necesariamente a una baja de precios para los consumidores, según esta investigación—, la aparente falta de interés del Gobierno por impulsar a este sector y la histórica conducción bicéfala de la política satelital en la Argentina —hoy con las misiones científicas a cargo de la CONAE y las de telecomunicaciones a cargo de ARSAT— abren serios interrogantes sobre el futuro de una industria de alto valor agregado.
El sector satelital es en gran medida “hijo” del proceso de acumulación de conocimientos y capacidades que se dio desde los años cincuenta en el área nuclear, del cual INVAP ha sido un protagonista fundamental.
“Mientras que los proyectos vigentes asociados al desarrollo de satélites de observación (SARE y SAOCOM) por parte de INVAP y de lanzadores (Tronador) por parte de VENG están en marcha, las demoras y potenciales discontinuidades en los desarrollos de satélites de telecomunicaciones que pudieran surgir de, por ejemplo, posibles problemas de financiamiento al proyecto ARSAT-3, generarían efectos negativos a largo plazo sobre las capacidades competitivas en este segmento”, dicen los investigadores. Cual ironía del destino, pocas horas después de la presentación en la Facultad de Ciencias Económicas, un ensayo realizado en estricta reserva culminaba con el lanzador VEX5A —prototipo del Tronador— explotando en el suelo por fallas en su sistema de propulsión, tras un ascenso de apenas seis segundos.
Alcanzar la capacidad de fabricar vehículos de lanzamiento para satélites implicaría entrar en otro selecto club de países, en este caso apenas once, según explican los autores: “Si el proyecto Tronador-II evoluciona según los términos previstos, en 2020 se estaría en condiciones de prestar servicios de lanzamiento a agencias de otros países, lo cual sugiere que también en este caso se estarían acumulando capacidades tecnológicas competitivas a escala internacional”.
Estado y estrategia
En el trabajo se hace referencia a dos características del sector satelital: su carácter dual —con aplicaciones tanto en el ámbito civil como militar— y su alta complejidad técnica. Esto deriva en mercados en general oligopólicos, en los que la mayoría de los países productores de estas tecnologías compran a proveedores fronteras adentro dado el carácter estratégico de esta industria. En la división entre satélites de observación (de órbita baja) y de telecomunicaciones (geoestacionarios), esta última, señalan, “es la más compleja técnicamente y tiene al presente un impacto económico mucho mayor”.
Estas características hacen que la posibilidad de exportación de la industria aeroespacial dependa “no solamente de los precios, nivel tecnológico y gestiones comerciales de las empresas locales, sino también del esfuerzo llevado adelante por las cancillerías y la presidencia del país oferente”. Y citan el caso de INVAP: “Durante las entrevistas realizadas, hemos recibido comentarios acerca de la pérdida de posibilidades de venta de satélites debido a la falta de este complemento financiero y la desventaja competitiva al enfrentarse con rivales que poseen un fuerte respaldo financiero por parte de sus gobiernos”.
“Mientras que los proyectos vigentes asociados al desarrollo de satélites de observación (SARE y SAOCOM) por parte de INVAP y de lanzadores (Tronador) por parte de VENG están en marcha, las demoras y potenciales discontinuidades en los desarrollos de satélites de telecomunicaciones que pudieran surgir de, por ejemplo, posibles problemas de financiamiento al proyecto ARSAT-3, generarían efectos negativos a largo plazo sobre las capacidades competitivas en este segmento”, dicen los investigadores. Cual ironía del destino, pocas horas después de la presentación en la Facultad de Ciencias Económicas, un ensayo realizado en estricta reserva culminaba con el lanzador VEX5A —prototipo del Tronador— explotando en el suelo por fallas en su sistema de propulsión, tras un ascenso de apenas seis segundos.
Alcanzar la capacidad de fabricar vehículos de lanzamiento para satélites implicaría entrar en otro selecto club de países, en este caso apenas once, según explican los autores: “Si el proyecto Tronador-II evoluciona según los términos previstos, en 2020 se estaría en condiciones de prestar servicios de lanzamiento a agencias de otros países, lo cual sugiere que también en este caso se estarían acumulando capacidades tecnológicas competitivas a escala internacional”.
Estado y estrategia
En el trabajo se hace referencia a dos características del sector satelital: su carácter dual —con aplicaciones tanto en el ámbito civil como militar— y su alta complejidad técnica. Esto deriva en mercados en general oligopólicos, en los que la mayoría de los países productores de estas tecnologías compran a proveedores fronteras adentro dado el carácter estratégico de esta industria. En la división entre satélites de observación (de órbita baja) y de telecomunicaciones (geoestacionarios), esta última, señalan, “es la más compleja técnicamente y tiene al presente un impacto económico mucho mayor”.
Estas características hacen que la posibilidad de exportación de la industria aeroespacial dependa “no solamente de los precios, nivel tecnológico y gestiones comerciales de las empresas locales, sino también del esfuerzo llevado adelante por las cancillerías y la presidencia del país oferente”. Y citan el caso de INVAP: “Durante las entrevistas realizadas, hemos recibido comentarios acerca de la pérdida de posibilidades de venta de satélites debido a la falta de este complemento financiero y la desventaja competitiva al enfrentarse con rivales que poseen un fuerte respaldo financiero por parte de sus gobiernos”.
Según los investigadores del IIEP, la posibilidad de exportación de la industria aeroespacial depende “no solamente de los precios, nivel tecnológico y gestiones comerciales de las empresas locales, sino también del esfuerzo llevado adelante por las cancillerías y la presidencia del país oferente”.
La interrupción del ARSAT-3 —pese a que la conducción de la compañía había dicho que se iniciaría cuando se vendiera la capacidad del ARSAT-2, algo que, según declaraciones del presidente de ARSAT, ya habría ocurrido— perjudica seriamente a INVAP, al punto que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, le dijo a TSS que están analizando cómo garantizar la supervivencia de INVAP en ausencia de este proyecto. “INVAP es la fábrica más sofisticada de América Latina en este sector según informes de consultoras privadas”, dijo López durante la presentación. Y agregó: “La discontinuidad en los planes de lanzamiento plantea un riesgo de obsolescencia tecnológica”.
Los investigadores enfatizan tanto el rol activo de los gobiernos para promover este tipo de industrias —“En todos los países el rol del gobierno es esencial en los dos extremos de la cadena: en la provisión del financiamiento inicial para investigación y desarrollo y como principal demandante de muchos productos y servicios satelitales”— como en el hecho de que “en las últimas décadas se observa una influencia creciente del sector privado, la cual ha igualado a la demanda estatal”. Y sugieren la “necesidad de incorporar de manera creciente al sector privado de acuerdo con las tendencias que se observan en otros países”.
Pero, ¿pueden trasladarse las tendencias imperantes en países desarrollados a países en desarrollo que presentan otro nivel de maduración en su entramado científico-tecnológico e industrial? Diego Hurtado, docente de la UNSAM, miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y director de TSS, fue invitado a comentar el trabajo de López, Pascuini y Ramos, y recordó que, ya en los años noventa, la OCDE pedía la desregulación de los sectores estratégicos en los países en desarrollo. “Si consideramos que detrás de un satélite hay intereses geopolíticos y geoeconómicos, ya no se puede hablar solo de competencia y mercado. ¿Qué solución se le da a los países periféricos? Los países centrales protegen desde el Estado sus sectores estratégicos y se le exige a la periferia que genere espacios de competencia en estos mismos sectores, es decir, se nos exige que para nosotros no sean estratégicos. De esta manera, los países en desarrollo terminan siendo un lugar de extracción de riqueza”.
La suspensión de proyectos satelitales perjudica seriamente a INVAP, al punto que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, le dijo a TSS que están analizando cómo garantizar la supervivencia de la empresa.
Según Hurtado, “esto en general sucede cuando un país periférico o semiperiférico empieza a ingresar en nichos de alto valor agregado. Es ahí cuando empiezan a aparecer obstáculos de todo tipo, sobre todo a través de las regulaciones. En estos casos, podríamos hablar de un colonialismo regulatorio. En el área nuclear, por ejemplo, cuando la Argentina comenzó a dominar el ciclo de producción, en los años ochenta, automáticamente se lo comenzó a tildar de país proliferador”. Durante el debate, López dijo no creer que la suspensión del ARSAT-3 tuviera que ver con cuestiones geopolíticas. “Más bien creo que tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, sostuvo.
En el trabajo también se hace referencia a políticas contradictorias en el desarrollo del sector, como el lanzamiento de una convocatoria del MINCYT para la formación de consorcios para la fabricación de partes satelitales y versiones acerca de una posible discontinuidad en el flujo de fondos disponible para el proyecto SARE de la CONAE, que preveía el lanzamiento —vía el Tronador— de una constelación de satélites livianos de órbita baja para observación de la Tierra. La posible interrupción de estos proyectos no solo impacta en INVAP y expone a la pérdida de recursos humanos especializados, sino que también se afecta a un ecosistema que creció de manera incipiente alrededor de este sector. Un informe interno de la CONAE al que tuvieron acceso los investigadores releva un total de 70 proveedores del organismo, de los cuales diez son instituciones del sistema científico y tecnológico y el resto son pymes, en general, intensivas en tecnología y de reciente creación.
“El éxito de estas iniciativas depende de su continuidad en el tiempo y de la complementariedad con las decisiones tomadas en otros planos de la política espacial”, se sostiene en el documento.
Según Hurtado, “esto en general sucede cuando un país periférico o semiperiférico empieza a ingresar en nichos de alto valor agregado. Es ahí cuando empiezan a aparecer obstáculos de todo tipo, sobre todo a través de las regulaciones. En estos casos, podríamos hablar de un colonialismo regulatorio. En el área nuclear, por ejemplo, cuando la Argentina comenzó a dominar el ciclo de producción, en los años ochenta, automáticamente se lo comenzó a tildar de país proliferador”. Durante el debate, López dijo no creer que la suspensión del ARSAT-3 tuviera que ver con cuestiones geopolíticas. “Más bien creo que tiene que ver con una cuestión presupuestaria”, sostuvo.
En el trabajo también se hace referencia a políticas contradictorias en el desarrollo del sector, como el lanzamiento de una convocatoria del MINCYT para la formación de consorcios para la fabricación de partes satelitales y versiones acerca de una posible discontinuidad en el flujo de fondos disponible para el proyecto SARE de la CONAE, que preveía el lanzamiento —vía el Tronador— de una constelación de satélites livianos de órbita baja para observación de la Tierra. La posible interrupción de estos proyectos no solo impacta en INVAP y expone a la pérdida de recursos humanos especializados, sino que también se afecta a un ecosistema que creció de manera incipiente alrededor de este sector. Un informe interno de la CONAE al que tuvieron acceso los investigadores releva un total de 70 proveedores del organismo, de los cuales diez son instituciones del sistema científico y tecnológico y el resto son pymes, en general, intensivas en tecnología y de reciente creación.
“El éxito de estas iniciativas depende de su continuidad en el tiempo y de la complementariedad con las decisiones tomadas en otros planos de la política espacial”, se sostiene en el documento.
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